Introducción
La reflexión acerca de la inclusión educativa, especialmente en nuestra
región latinoamericana, requiere replantear los enfoques. La bibliografía
consultada permite afirmar que, el término inclusión educativa a nivel de
sentido común tiene diversas acepciones. Una de ellas, focaliza la atención en
el tratamiento estigmatizante de lo diferente, o sea, en calificar las
diferencias a partir de criterios de superioridad-inferioridad y entonces
abogar por la inclusión de las diferencias “buenas”. Otra, es aquella que,
llama a la atención asistencialista a las diferencias asociadas a criterios de
vulnerabilidad. Aquí se propone asistir, pero no desde el reconocimiento de
igualdad y de la condición de sujeto de los “diferentes”. Están también los que
apuestan por la creación de güetos, espacios segmentados, donde “quepan todos”
y de esta forma se garantice la igualdad de derechos, en otras palabras,
juntos, pero no revueltos. Están presentes por doquier, quienes consideran que
debemos incluirnos los iguales bajo un concepto de igualdad que implica
desprecio, rechazo y hasta violencia. En la base de tales prácticas, es
frecuente el desconocimiento e irrespeto a la diversidad, la que debe ser
percibida como un recurso social para promover la dignidad personal- social y
la emancipación humana.
En relación con el posicionamiento de los investigadores-educadores,
pareciera que, sobresalen dos posturas: la de quienes sostienen un enfoque de
inclusión limitado a lo que se conoce como educación especial, no pocas veces,
reducido a las experiencias de personas con discapacidad y otra, de carácter
más universalista pero poco concreto, donde el discurso de la inclusión se
diluye en un “todos” sin contextualizar las problemáticas o experiencias de
sujetos específicos que necesitan de acciones educativas particulares.
Se sostiene el criterio de Ocampo (2015) cuando afirma que:
·
La educación inclusiva no se reduce a la
situación de discapacidad y de necesidades educativas especiales.
·
La educación inclusiva pretende la transformación
y actualización de todos los campos de la pedagogía, especialmente la
didáctica, el currículo y la evaluación, los cuales son la base de la
constitución de los saberes pedagógicas de cada educador.
·
La educación inclusiva necesita de una
construcción teórica capaz de sentar sus bases conceptuales, teóricas y
metodológicas según la naturaleza de las tensiones del nuevo siglo.
·
La educación inclusiva es un modelo que
asume la heterogeneidad y la diversidad de todas las personas. La diversidad es
su fundamento antropológico pues explica que todos los ciudadanos somos
diferentes y eso es lo normal, lo anormal es pensar que todos somos iguales.
Mientras que la heterogeneidad es el fundamento psicológico y explica que todas
las personas experimentan situaciones, dimensiones y habilidades diferentes
para aprender. El aprendizaje no es algo estático, depende del lugar que cada
persona habita en este mundo.
·
En el enfoque de educación inclusiva se
reconoce que la necesidad de re-fundar la educación especial y que la educación
para todos es una declaración política surgida en la conferencia de 1990 y
reafirmada en Dakar en el 2000. (pp. 21-22)
La exclusión educativa es una cuestión surgida con la división social
del trabajo, el modo individualista de apropiación de los resultados, sostenida
por políticas y servicios elitistas con sus correspondientes efectos en las
relaciones públicas. En la actualidad, la globalización y las reformas
neoliberales iniciadas en los años ochenta, han acrecentado la fragilización
del vínculo social y ello cobra vida en los diferentes escenarios en que,
transcurre la cotidianeidad de la mayor parte de la población mundial.
Respecto a las universidades, Acosta et al. (2016) plantea que aun
cuando son evidentes las transformaciones ocurridas en las universidades en las
últimas décadas, éstas han tomado diversas rutas críticas, mediadas por las
particularidades de los contextos donde estos procesos tienen lugar y en este
sentido invita a repensar esos nudos contradictorios.
En este sentido, Bordieu (2007 [1980], como se citó en Viera, 2017) sostiene
que es de gran relevancia la acumulación de capital cultural como determinantes
del éxito o fracaso en las etapas del ciclo vital de las personas. Asimismo, Charles
(2000 [1998], como se citó en Viera, 2017) destaca el impacto de las
desigualdades estructurales, categoriales y dinámicas (legitimadas las últimas
en las representaciones colectivas) en individuos y sociedad en general.
Los temas género y familias forman parte de ese entramado de
problemáticas de exclusión social presentes en las universidades y
lamentablemente son insuficientemente atendidas, quizás, desde la reproducción
de cosmovisiones de asimetría social existentes en los actores, incluidos los
directivos. Analizar el contexto actual de las relaciones familiares y de
género en la región de América Latina, presupone el abordaje de temáticas como
el sistema de contradicciones generales de cada país y la región, matizadas por
el carácter social de la producción vs modo cada vez más limitado de la apropiación;
la actividad de los medios para el desarrollo de la actividad política vs
necesidades, motivaciones y aspiraciones que tiene la población; las ideologías
institucionales-oficiales vs psicologías sociales; la enajenación y la
emancipación en los procesos socioculturales educativos, y el impacto de la
sociedad de la información las tecnologías y la comunicación, entre otras.
Estas contradicciones de carácter macrosocial, se manifiestan en las
escalas meso y micro social, integrándose en procesos mediadores del desarrollo
personal-social que tienen su expresión en el proceso de inclusión educativa.
Para los autores, esto significa que, el análisis de la interrelación entre
estos aspectos y la inclusión social en la educación institucionalizada, se
puede realizar en dos direcciones. La primera, centrando la atención en el modo
de vida familiar y las relaciones de género como parte del conjunto de
relaciones sociales, mirando a la familia como célula de la sociedad en la que
ésta se reproduce y, al género como categoría de análisis estructural y
simbólico, valorando el papel de la educación en la comprensión de las causas,
manifestaciones y consecuencias de estas problemáticas, haciéndolo además con
enfoque de diversidad e integración social y aportando elementos de análisis
para el diseño e implementación de políticas públicas que incidan positivamente
en su desarrollo.
La segunda, promoviendo desde las funciones sustantivas de la
universidad, acciones, relacionadas con estos temas, que incidan, por una parte
en el desarrollo de capacidades de estudiantes, docentes y trabajadores no
docentes para el efectivo afrontamiento de sus contradicciones cotidianas en
estos ámbitos y, por otra, actuando sobre los contextos en que se dan estos
vínculos, facilitando el protagonismo de sus actores en la identificación de
las contradicciones y la búsqueda de alternativas para su superación. En este
artículo se centrará la atención del análisis, como se expresó al inicio, en
dos elementos: Las políticas públicas, legales fundamentalmente, asociadas a
los temas género y familia en su interrelación con la educación universitaria
y, las problemáticas familiares y de género en su expresión cotidiana y su
relación con las funciones sustantivas universitarias.
Metodología
El paradigma interpretativo legitimó el estudio del objeto, con base en la
fenomenología y orientado a descubrir y explicar las significaciones de manera
inductiva, cualitativa y contextualizada, la investigación se caracterizó por
ser de tipo analítica, porque consistió en caracterizar y analizar el
tratamiento dado a los documentos del tema indagado, lo que a su vez presupuso
el empleo de métodos teóricos, especialmente el histórico lógico, inductivo y analítico-narrativo.
Desde el punto de vista empírico, se llevó a cabo un estudio documental para
captar el sentido simbólico de los datos contenidos en ellos, tanto expresivo
como instrumentalmente.
Los documentos estudiados son de carácter científico, o sea, resultados
de investigaciones, en casi todos los casos de fuentes primarias, obtenidas a
través de canales formales, específicamente, las bibliotecas de la Universidad
Estatal Península de Santa Elena y de la Universidad Nacional de Loja. Se
procedió a cumplir con las tres fases principales del análisis documental:
recuperación de la información, la transformación de los documentos primarios
en secundarios y el proceso de análisis y síntesis que llevó a los autores al
resultado final. Se privilegiaron como unidades de análisis documentos
científico-académicos publicados en los últimos 6 años.
El análisis de contenido efectuado, consistió en indizar; esto es,
seleccionar las ideas contenidas en esos documentos que más los representaban,
clasificar; agrupando las unidades de sentido de mayor envergadura y, definir palabras
clave; en base al análisis realizado. Esto se implementó combinando dos
vías: extracción o derivación y
asignación. Las temáticas de mayor significación identificadas fueron: las contradicciones familiares y de género a nivel
de vida cotidiana y su expresión en las universidades.
A partir de los procedimientos anteriores, se realizó un resumen
analítico-selectivo de las fuentes consultadas.
Resultados
y Discusión
La realidad familiar de la región hoy, se caracteriza por el incremento
de la desigualdad socioeconómica, cambios en el cumplimiento de las funciones
familiares que expresan pérdida de tradicionalidad y predominio continuo de la
configuración de regímenes más democráticos, aunque con predominio de
relaciones patriarcales marcadas por la supremacía de la masculinidad
hegemónica (el machismo), el aumento de la esperanza de vida al nacer y el
envejecimiento poblacional, el incremento de hogares monoparentales liderados
por mujeres a partir de su mayor incorporación al espacio público,
especialmente al laboral y la sobrecarga de sus roles con el consiguiente
impacto en las limitaciones de ellas para avanzar en su desarrollo personal.
Asimismo, la discriminación asociada a las orientaciones sexuales e
identidades de género aun cuando crecen estos tipos de familias, las
dificultades socio-económicas para la atención y cuidado a niños, adultos
mayores y personas con discapacidad, la persistencia de la violencia en sus
diversas manifestaciones, entre otros aspectos. Estas problemáticas se
complejizan por la interseccionalidad, con énfasis en factores como etnia,
género, tipo de actividad a la que se dedican y garantiza el sustento, el
territorio donde se vive y las condiciones de salud que posee la persona.
Iruestea et al. (2020) refieren que, “el principal cambio que se encuentra es
el paso de las familias nucleares a las familias posnucleares” (p. 12).
Las relaciones familiares también están sujetas a la dinámica interna de
cada familia. Rivero (2019) se refiere al contenido de una contradicción, que,
a su modo de ver, es principal y se asocia a desajustes entre los roles y
funciones que tienen lugar en el ámbito familiar vinculados a la relación de
parejas, las relaciones materno paterno filial y las relaciones
interpersonales-familiares, lo cual presenta características específicas en
cada contexto según el ciclo de la vida familiar (en el encuentro y compromiso
con el otro, el comienzo de la intimidad, la decisión de tener hijos, los
cambios en la pareja con la paternidad y maternidad) y en las funciones
familiares, sobre todo de comunicación, la axiológica, el respeto a los
espacios, ejercicio de la autoridad, desempeño de los roles de género y el
ejemplo personal, entre otras.
Este autor, invita a reflexionar acerca del contenido enajenante de
pautas de crianza familiar que producen malestares y muchas veces no son
cuestionadas porque se asumen con criterios de “normalidad” impuestos desde lo
culturalmente instituido. En lo concerniente a la comunicación, prevalecen los
dobles mensajes comunicativos, la falta de transparencia y de asertividad. La
autoridad se ejerce frecuentemente en forma de violencia, mediante la mentira o
el chantaje. No siempre existe claridad respecto al lugar que le corresponde a
cada miembro de la familia, lo que provoca sobreprotección o abandono tanto de
niños como de adultos.
Tanto las contradicciones familiares originadas por el contexto social
como las que se gestan al interior de las familias, se combinan para
constituirse como fuertes potenciales para el desarrollo familiar y en otros,
situando a las familias en condiciones de vulnerabilidad, crisis y conflictos,
en ocasiones con negativos impactos para el desarrollo personológico y el
cumplimiento de las metas individuales y colectivas.
Uno de los aspectos generadores de este tipo de situación lo constituye
la relación familia-empleo. Sojo (2017),
al respecto señala:
En nuestra región, cuando las mujeres trabajan es aún más difícil
equilibrar la participación en el mercado laboral con los compromisos
familiares. Entre otros aspectos, ello se refleja en una menor disposición para
ingresar al mercado laboral, sobre todo entre las mujeres con baja escolaridad.
La mujer tiene mayor representación en el sector informal, lo que pone de
manifiesto que la conciliación es un problema al que se hace frente con una
inserción precaria y flexible. Es incluso más grave cuando los hogares están a
cargo exclusivamente de mujeres, tendencia que ha aumentado en algunos países y
que es causal de pobreza. Para una gran parte de las mujeres pobres y de los
sectores medios, los malabares se traducen en una gran escasez de tiempo y
ausencia de espacios de recreación, o bien las mujeres se ven forzadas a
desaprovechar sus logros educativos y a renunciar a oportunidades laborales o
profesionales para poder llevar a cabo estas labores. Cuando cuentan con
servicios de cuidado solo quienes pueden solventarlos, se refuerzan las
desigualdades sociales en circunstancias en que la calidad de estos servicios
tiene un estrecho vínculo con su costo. (p. 226)
Esta situación se complejiza por la interrelación de múltiples
desigualdades que, afectan principalmente a los sectores más pobres. Por ejemplo,
la fecundidad baja cada vez más en población con mayores ingresos, mientras que
se eleva en las más pobres. Como se podrá comprender esto tiene como efecto la
reproducción de la pobreza en los grupos de población más joven, especialmente
los niños.
Otros factores de incidencia en esta complicada situación, están
relacionados con las dificultades que tienen que afrontar muchas mujeres para
reintegrarse a la vida laboral post parto, la baja incidencia de las licencias
de paternidad, que es un elemento de no contribución a la equidad y desarrollo
de las relaciones parentales. Sumado a esto, son aún más limitados las
contribuciones con relación a las familias más pobres, por las condiciones de
precarización del empleo. Es evidente que se requiere ampliar la cobertura de
servicios públicos de educación y salud principalmente y de mayores acciones de
conciliación entre las esferas laboral y familiar dentro de las instituciones.
Contradictoriamente, las políticas públicas, aunque han avanzado en el
reconocimiento de estas problemáticas, distan mucho de un efectivo
afrontamiento y solución para los sectores menos favorecidos de la sociedad, lo
que influye en la producción y reproducción de un conjunto de contradicciones
al interior de las familias ante las cuales, en muchas ocasiones, no cuentan
con capacidades suficientemente desarrolladas para afrontarlas y encontrar las
soluciones correspondientes, precisamente por sus condiciones sociales de
existencia, creándose así un ciclo de permanentes conflictos que, deteriora a
los grupos familiares en sus vínculos internos y los incapacita para encontrar
respuestas a los problemas del afuera.
Cienfuegos (2014) realiza un análisis de las tendencias familiares en
América latina, donde señala que, detrás de los indicadores generales que
exponen los gobiernos sobre avances sociales, existe una realidad muy por
debajo de lo expuesto que revela una fuerte vulnerabilidad presente en “familias
con dos proveedores y personas dependientes, (…) la maternidad adolescente, los
femicidios y la violencia intrafamiliar, la existencia de hogares
multilocalizados y la falta de reconocimiento de las familias homoparentales”
(p. 33), situaciones de vital consideración para la formulación de políticas
públicas y una mayor investigación social.
En los procesos educativos centrados en la inclusión, las familias no
solo deben ser tratadas como destinatarias de esa labor, también como sujetos
activos de las transformaciones del contexto, incluidas las propias instituciones.
Esta idea está contenida en la afirmación de Simón y Barrios (2019), quienes
exponen que, es necesario ir más allá del liderazgo profesional, para así poder
reconocer que las escuelas son una parte fundamental de la comunidad, donde se
requiere el trabajo aliado entre estudiantes y familia para mejorar la calidad
de la misma. Es así, que la misma UNICEF (2014) afirma que la implicación de
las familias y la comunidad en los centros escolares, constituye un principio
de calidad educativa.
La revisión de la literatura científica respecto a lo anterior, aportó,
además, un conjunto de ideas interesantes: Las familias constituyen un motor
impulsor del desarrollo de las nuevas generaciones, así lo analiza Razeto
(2018). Especialmente, en lo concerniente a las pautas de crianza familiar,
López et al. (2017) expresan la importancia de éstas como mecanismos
socializadores a corto y largo plazo.
En esta misma dirección, Enríquez y Garzón (2018) valoran cómo el
contenido y forma de las referidas pautas están condicionadas por situaciones
específicas asociadas a la estructura, funciones, presencia y significación de
la instrucción de madres y padres, sus ingresos, entre otros aspectos. Zambrano-Mendoza
et al. (2019), refieren la centralidad de la comunicación intrafamiliar y su
impacto en la relación de hijos e hijas con sus estudios.
La investigación de tres estudiosos de la Universidad Politécnica
Salesiana de Ecuador, focalizada en familias de estudiantes universitarios con
discapacidad y las potencialidades de la labor conjunta universidad-familias,
ilustra cuán significativa puede ser esa relación para los apoyos familiares e
institucionales, puesto que dicho involucramiento facilita un trabajo en doble
vía, esto es, una configuración de apoyo curricular y familiar ajustada a sus
necesidades (Gallego et al., 2020).
Diversos autores reconocen que, el aporte que las familias realizan a la
crianza y educación de sus hijos es el resultado de procesos de socialización
familiar que se producen y reproducen de generación en generación, lo que
también se asocia al prestigio histórico de esa institución social (Torres,
2017). Un aspecto de significación en las representaciones de los autores estudiados
es, su énfasis en el rol activo de las familias en la transformación social
(Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, 2013).
Se reafirma por Sánchez y Callejas (2020) que, las familias educan en
paralelo con otros agentes, por ejemplo la universidad y la escuela, donde se
juega un papel de socialización y de educación permanente y complementario,
siendo el entorno de educación básica más visible que el universitario.
El género, ocupa un lugar central en la comprensión de la relación
individuo-familia-sociedad. Los sentidos que se atribuyen al término han
variado en el tiempo, abarcando las cuestiones de mujeres, las contradicciones
entre los modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad, hasta su análisis en
términos intra-género. Asimismo, se ha avanzado en la comprensión del género
con un enfoque más inclusivo, que integra las experiencias de personas con
identidades diversas, aunque esta perspectiva es en la que menos se ha
avanzado.
En cualquiera de las variantes como se utiliza el concepto, continúan
reproduciéndose a nivel de creencias colectivas patrones, símbolos,
representaciones, tabúes, mitos, que no facilitan el desarrollo integral,
solidario, humano y sobre todo en base a derechos como corresponde, por lo que
es importante trabajar estos temas desde los espacios educativos- culturales.
Al igual que sucede con las familias, las distorsiones que tienen lugar en la
socialización de género, influyen negativamente en la vida de las personas, sus
relaciones y procesos de integración social.
Las expropiaciones a que, históricamente han sido sometidas las personas
desde la socialización de género y sus implicaciones sociales, impactan el
proceso de inclusión educativa y resulta necesario reflexionar acerca de este
tema. Estas expropiaciones se presentan como procesos de segregación de derechos
a que son sometidas las personas, generalmente a partir de sus identidades.
Los cambios ocurridos a favor de los derechos de las mujeres, las
personas trans y las nuevas masculinidades, marcan el camino en que transcurren
los procesos de democratización de las relaciones de género; sin embargo,
todavía queda mucho por hacer en la práctica, especialmente en la educativa, en
los diferentes institutos socializadores de la personalidad. El logro de este
propósito presupone, en el caso de las mujeres, por ejemplo, el ejercicio del
derecho a la educación como herramienta de construcción para una sociedad más
igualitaria y justa en cuanto a la distribución del ingreso, la
participación y el ejercicio de derechos. (Ministerio de la Mujer, 2020)
Las cuestiones de género y familia en la educación superior
latinoamericana reciben cada vez mayor atención, pero, subsisten dificultades
que exigen de pronta solución. Ejemplo de ello, es lo que manifestó Rivero et
al. (2021) en la relatoría de un taller en la Universidad Estatal Península de
Santa Elena, donde se planteó que, según declaraciones de una estudiante, las
dificultades de inclusión social que viven las personas con orientaciones
sexuales no heteronormativas o identidades de género no binarias son diversas;
es así que, se pueden ver enfrentados en ocasiones, al desamparo y rechazo de
sus propias familias. Asimismo, dichas actitudes discriminatorias pueden ser
replicadas en instituciones e incluso en compañeros de clase. Otra estudiante,
respecto al mismo tema, destacó que las condiciones sociales y la pobreza son elementos
mediadores de la inclusión educativa. Mencionó además, que se puede encontrar algunos
profesores que carecen empatía e información, sumado a las continuas burlas, discriminación
y maltrato que padecen principalmente quienes provienen de familias de escasos
recursos económicos o que viven en zonas marginadas (Rivero et al., 2021).
Las políticas públicas se sustentan en una base legal, que en el marco
internacional está en todo el Sistema de Protección de los Derechos Humanos. En
cada país, deben estar alineadas con las normas constitucionales y legales
internas. Cada vez más, la tendencia es a compaginar el marco legal interno,
con el marco internacional. Esto, hace necesario plantear una pregunta ¿En qué
medida los derechos humanos en el contexto internacional latinoamericano y
constitucional en cada país promueven relaciones familiares y de género que
contribuyen a la inclusión en la educación superior?
La incorporación del tema de los derechos humanos de las mujeres y otros
grupos al campo del derecho positivo y de las relaciones internacionales se
debió a la interacción de una serie de variables, entre las cuales puede
mencionarse: el triunfo de las corrientes democráticas en la segunda guerra
mundial, la búsqueda de la paz internacional, la globalización, el desarrollo
vertiginoso de los medios de comunicación, el incremento de la interrelación
entre las sociedades nacionales, el desarrollo del conocimiento científico y
tecnológico.
Lo que ha posibilitado tener un avance en el tema de inclusión en el marco
de los derechos humanos a nivel internacional y en cada país, ha sido
argumentar debidamente la necesidad de la existencia de los derechos
específicos de los grupos y colectivos que así lo requieran. Uno de esos grupos
que primero luchó para conquistar los derechos que ahora tenemos, son las
mujeres. Es a partir del feminismo y los movimientos sociales que se ha podido
superar es debate y argumentar analizando dos principios fundamentales el de la
igualdad versus el principio de la universalidad.
¿Cómo se expresa la discriminación por concepto de género, desde el enfoque
de Derechos Humanos?
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación
contra las Mujeres - CEDAW, es el principal instrumento y de más alto nivel, en
cuanto a la promoción de la igualdad y la prohibición de la discriminación en
todos los Estados, se basa en tres principios centrales, el principio de
igualdad sustantiva, el principio de no discriminación y el principio de
obligación del Estado. (Consejo Nacional para la Igualdad de Género [CNIG],
2018, p. 21)
La amplitud del concepto de discriminación consagrado en la CEDAW permite
incluir gran diversidad de conductas, hechos, normas que aun cuando no sean
discriminatorias en forma expresa sí lo pueden ser por exclusión o en razón de
sus resultados, que son producidos por las propias normas de la forma que están
estipuladas, por los operadores de justicia al momento de aplicarlas y por la
sociedad.
En esta línea, cabe precisar que la discriminación puede ser apreciada en
tres ámbitos:
·
En el ámbito normativo: existe
discriminación cuando faltan leyes que regulen problemas específicos de los
derechos humanos, situación que significa un desconocimiento de la
especificidad de los problemas que afecta a las personas.
·
En el ámbito estructural: la
discriminación se configura cuando no existen procedimientos efectivos para
garantizar los derechos de las personas.
·
En el ámbito cultural: la discriminación
consiste en el desconocimiento, producción- reproducción de pautas de idealidad
y normas que dejan sin protección los derechos de las personas.
A partir de la lucha y conquista de los derechos por las mujeres, otros
grupos que históricamente han sido excluidos, reclaman para sí sus derechos.
Desde el Feminismo también incursionan en el ámbito de los derechos humanos la
comunidad LGBTI, que cada vez va obteniendo más derechos para cada grupo
específico. Es así, que la categoría género vino a revolucionar a visibilizar a
movimientos sociales y enfoques que reconocen y valorizan las diversidades.
En el contexto internacional se cuenta con una legislación que reconoce los
derechos humanos específicos de los distintos grupos de población, en la cual
se reitera el derecho a la no discriminación, exclusión, homogenización o
injusticia basada en el género; a la vez que plantea la obligación de los
Estados de trabajar para erradicar estas inequidades y formular acciones
positivas que permitan construir relaciones de igualdad entre los géneros, y el
goce efectivo de sus derechos. (CNIG, 2018, p. 14)
En la bibliografía consultada se constata el rol de las universidades en su
interacción con el contexto (Cordón y Cordón, 2019) y el papel que en este sentido
tienen las funciones sustantivas de la educación superior. Al mismo tiempo se
reconoce la persistencia de diferencias estructurales y simbólicas que se
expresan en la discriminación sexo-genérica (Sirvent et al., 2015), lo que a su
vez repercute en el desarrollo de capacidades (Mayorga, 2018) y en la falta de
correspondencia entre los roles sociales y familiares, lo que, tiene
implicaciones negativas para la participación femenina en los procesos
educativos (Herdoíza, 2015). Para este último, transformar las políticas y la
cultura en las universidades es un reto para todos los actores implicados, que
marca la necesidad de avanzar hacia un modelo de universidad basado en los
principios de la inclusión educativa, no solo para el mejoramiento en los procesos
de calidad sino como elemento clave para construir una sociedad más justa,
democrática y equitativa.
Según el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos del Ecuador ([INEC], 2019) la
violencia afecta a más de la mitad de las mujeres y se expresa en los planos
psicológicos, físicos y sexuales, aspectos que limitan el acceso y trato
igualitario a las universidades.
García (2016), se refiere a que, la mayoría de las instituciones de
educación superior, tienen bajas asignaciones presupuestarias para dar
respuesta a las históricas inequidades de género.
La investigación realizada por un colectivo de autores, ofrece información
respecto a las resistencias que hacen los estudiantes a las exigencias del
trabajo colaborativo, cuando esto podría ser un aspecto que podría contribuir a
mejorar el proceso de inclusión. Entre los obstáculos que los estudiantes
refieren se encuentran el tiempo y la voluntad para establecer comunicación
dialógica, dificultades que se arrastran de la crianza familiar y la socialización
de género (Almudena et al., 2020).
Las evidencias ofrecidas, permiten afirmar que, desde cada institución de
educación superior se necesita continuar fortaleciendo los procesos de
planeación estratégica, de modo que sus políticas, programas y servicios
permitan continuar avanzando en la inclusión educativa universitaria por
concepto de género y familia.
Conclusiones
La literatura científica consultada evidencia la falta de consenso
teórico acerca de qué entender por inclusión educativa, prevaleciendo aun como
criterios principales el enfoque centrado en la educación especial, la
integración de las personas con necesidades educativas específicas
(discapacidades) y/o de pertenencia a grupos vulnerados históricamente en la
garantía de sus derechos, especialmente, del derecho a la educación. El
tratamiento del tema inclusión educativa en las universidades, no contiene suficientemente
las aristas de género y familias. En el caso de género, se reduce generalmente
a las problemáticas de las mujeres, dejando fuera la respuesta a expropiaciones
históricas de grupos de personas cuyas identidades de género no se corresponden
con el binarismo y la heteronormatividad. Tampoco se focaliza el análisis en la
crítica al proceso de construcción de las masculinidades. Respecto a la
temática familias y su relación con la inclusión educativa universitaria.
Se pudo constatar que, a pesar de los abundantes estudios sobre familias y
la relación familia-escuela, su abordaje es casi inexistente cuando de
educación superior se trata. Lo anteriormente referido se expresa en los
mecanismos identificados por las universidades para concretar sus políticas,
programas y servicios de equidad. La mayoría de las iniciativas apuntan a
favorecer la igualdad de oportunidades en los trayectos formativos y
profesionales, vinculado ello, esencialmente al afrontamiento de la violencia
de género y, en menor medida, a la integración de esta perspectiva en las
funciones sustantivas universitarias. Resulta importante que las funciones
sustantivas de las universidades constituyan vías para la transformación social
aportando a la generación, difusión, transferencia de los hallazgos científicos
para el logro de una sociedad más justa y equitativa, capaz de dar respuestas a
las necesidades sociales.
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