ISSN 2709-9164
https://doi.org/10.53940/reys.v2i3.62 Vol. 2(3) 2021
Sobre políticas inclusivas en la Educación Superior:
marco conceptual
About Inclusive Policies in
Higher Education: conceptual framework
José Bárcenas Freyre1
Citar
como: Bárcenas, J. (2021). Sobre
políticas inclusivas en la Educación Superior: marco conceptual. Revista
Educación y Sociedad, 02(03), 8-16. doi: 10.53940/reys.v2i3.62
Artículo
recibido: 10-05-2021
Artículo
aprobado: 12-07-2021
Arbitrado por pares
El objetivo de esta investigación es conocer la
implementación de la política institucional inclusiva para personas con
discapacidad en la universidad en estudio. Para tal efecto se analizó dicha
política, los procesos de implementación y el rol de la comunidad educativa en
el proceso. Asimismo, se busa aportar al mejoramiento de dicho proceso y
promover la cultura inclusiva universitaria. Esto permitirá a los estudiantes
con diversidad funcional de la región y el país alcanzar la formación
profesional con equidad para poder aportar a la sociedad desde la diversidad.
Palabras
clave: discapacidad, diversidad funcional, política educativa, educación
superior
The objective of this
research is to know the implementation of the inclusive institutional policy
for people with disabilities in the university under study. For this purpose,
said policy, the implementation processes and the role of the educational community
in the process were analyzed. Likewise, it seeks to contribute to the
improvement of this process and promote an inclusive university culture. This
will allow students with functional diversity in the region and the country to
achieve professional training with equity for to be able to contribute to
society from diversity.
Key words: disability, functional diversity, educational policy, higher education
1
Pontificia Universidad Católica del Perú
(Perú). jbarcenas@pucp.edu.pe https://orcid.org/0000-0002-4915-492X
El presente artículo se desprende de la tesis para optar por el grado de
Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulada
“Marco conceptual de la política institucional inclusiva para personas con
diversidad funcional en una universidad de Lima Metropolitana”.
Introducción
En la historia antigua de la humanidad, el trato al “diferente” ha
estado marcado por una nítida situación de exclusión social y educativa (Neves
y Araujo, 2017). Sin embargo, ya en la historia contemporánea, las sociedades
en general han manifestado su preocupación por el colectivo de personas con discapacidad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) describió la discapacidad como
un concepto que abarca todas las deficiencias desde una visión enfocada en las
limitaciones para la realización de actividades que implica una participación
social empobrecida. Esta visión de la discapacidad está enfocada en lo negativo
de la interacción entre la persona que tiene una condición de salud y el
contexto ambiental y personal en el que se desenvuelve.
Existen diferentes clasificaciones de la discapacidad relacionadas con
el origen de esta y el grado de intensidad en el que afecta a las personas. Se
pueden identificar tres grandes grupos: física o motora (falta de miembros o
problemas en la función motora), sensorial (visual o auditiva en diferentes
grados) e intelectual (problemas para la comprensión y el aprendizaje) ([Ley Nº 27050] Congreso de la República, 2012, p. 1). En este
caso el presente manuscrito se centrará en la implementación de la política
inclusiva para estudiantes con discapacidad sensorial y motora en la
universidad en estudio.
Al revisar la bibliografía académica se han encontrado repetidos
intentos por reducir la discriminación que genera la nominación de personas con
discapacidad y en el intento de hacer una mejora se ha propuesto llamarlas
personas con habilidades diferentes, personas con necesidades diferentes,
personas con necesidades diversas y personas con diversidad funcional. Todas
estas alternativas tienen la intención de eliminar el matiz negativo y rescatar
de manera positiva la diferencia, sin señalar la carencia o deficiencia de la
persona. Esta investigación asumirá el término de personas con diversidad
funcional (PDF) en un intento por reducir la estigmatización que implica el
señalamiento de la dificultad y por aportar un sentido positivo cada vez que el
colectivo sea mencionado en el texto. También se considera la diferencia entre
las personas como un valor individual y social que debe ser respetado, lo que
apela a la solidaridad en la búsqueda de una sociedad basada en la confianza.
Este estudio aborda la inclusión de personas con diversidad funcional en
el marco de la política educativa de una institución de educación universitaria
de Lima Metropolitana con 13 Facultades y un promedio de aproximadamente 30,000
estudiantes matriculados. Se entiende por política educativa a “un conjunto de
líneas de acción diseñadas, decididas y efectivamente seguidas por la autoridad
educativa en el ámbito de su competencia” (Mancebo, 2001, p. 3), con el fin de
integrar contenido y proceso. Este proyecto se basa en un análisis de los
procesos de implementación de dicha normativa, con el propósito de conocer si
una organización puede conjugar recursos humanos y materiales en forma
coherente y organizada, y lograr, además, que sus operadores sean capaces de
alcanzar los objetivos explicitados por la organización (Williams, 1975).
Enfoque
de inclusión social
La inclusión social es la forma en que se concreta la participación de
las personas en la vida democrática. En otras palabras, se trata de la implementación
de políticas públicas que vinculan a los miembros de la sociedad en una
convivencia beneficiosa para todos. Una sociedad inclusiva intenta satisfacer
las necesidades sociales, económicas, de salud, políticas y culturales de todos
sin discriminación. Se relaciona con el derecho humano a la igualdad en el
acceso a la vida comunitaria, sin excepción por raza, credo, color, opción
sexual, afinidad política, etc. En una sociedad democrática e inclusiva se debe
asegurar el acceso a las oportunidades y recursos para una vida plena para
todos. Bajo el enfoque de inclusión se estudian las políticas referidas a
preservar los derechos de diversos grupos históricamente excluidos entre los
que se encuentran las PDF (Akel, 2013).
Más allá de la consideración de la inclusión de las personas con
discapacidad como un derecho, están las actitudes respecto a estas en sus
procesos de socialización. Una de las dificultades para la aceptación de la
diferencia se debe al temor a lo desconocido, que genera inseguridad y
desconfianza, y da lugar a prácticas de exclusión social justificadas por
conceptualizaciones teóricas elaboradas a partir de esos temores. Desde el
modelo biopsicosocial se comprende la discapacidad como una condición en
interacción con el contexto, que puede ser limitante y restrictivo (Aparicio,
2009).
Así mismo, existen posturas que consideran la convivencia con la
diferencia como una experiencia de enriquecimiento social, si se piensa la
diferencia como un valor. Lejos de ser considerada una amenaza, la convivencia
con la diferencia es posible siempre y cuando se le perciba como una ventaja
para el desarrollo de valores que deben impregnar las relaciones humanas, como
la solidaridad, el apoyo al otro, la aceptación, etc., en camino a una sociedad
más inclusiva (Brazão, 2005).
Persona
con diversidad funcional
La transición respecto a los anteriores esquemas radica en desentenderse
de la nominación que señala la no participación en las personas con
discapacidad y reivindicar la presencia del sujeto y la riqueza para todos en
la diversidad. El discurso de la diversidad funcional deberá agregar en su
elaboración del concepto de discapacidad, la exigencia de una categorización desmedicalizada. Esto hará posible la integración de la
diversidad interna del colectivo a partir de una redefinición de las
capacidades y discapacidades humanas según criterios sociológicos, políticos y
culturales. De este modo habrá una apropiación del sentido de la salud más allá
del estricto discurso de la ciencia médica (Rodríguez y Ferreira, 2010).
En términos generales, las PDF crecen arrastrando limitaciones en sus
procesos educativos desde la etapa escolar, lo que genera en el colectivo un
marcado abandono luego de la secundaria, al momento de acceder a la educación
superior (Belzunegui y Puig, 2016). La conquista de los derechos de las
personas con diversidad funcional se describe como un largo camino de
exclusiones, pues históricamente se les ha mantenido aisladas de los espacios
donde se imparte conocimiento. De ahí que la educación inclusiva se considere
una cuestión de derechos humanos, pues ninguna persona debe ser segregada por
sus discapacidades (Rodríguez y Ferreira, 2010).
Educación
inclusiva
El sistema educativo es el motor principal de la movilidad
intergeneracional, que permite el acceso al desarrollo humano y laboral, el
cual si se mantiene en el tiempo puede generar desplazamientos para poder salir
de la pobreza y la exclusión. No obstante, este mismo sistema de movilidad
social puede ser un instrumento de exclusión social y mantener la desigualdad,
si en su actuar se reproducen los privilegios dentro de los grupos
históricamente favorecidos.
El marco normativo propuesto por la UNESCO (2008) establece que “la
educación superior es un bien público estratégico”, esencial en las sociedades
democráticas como impulso para el logro de la equidad, la justicia y la
solidaridad, en la búsqueda de la cohesión social. La UNESCO también señala que
aun más importante que la incorporación en las convenciones, es el hecho de
haber adoptado el acceso, la no discriminación, la permanencia, el avance y
progreso educativo a lo largo de la vida como elementos fundamentales y de
reconocimiento universal, es decir, la educación inclusiva (2008).
Concepto
de educación inclusiva
La educación inclusiva fue definida por Ainscow (2019) como un proceso
que responde a la diversidad, reduce la exclusión e incrementa la participación
en los procesos e instituciones educativas. Así, se propone una educación de
calidad sin diferencias ni discriminación, en la que se trata de lograr una
experiencia de aprendizaje exitosa que requiere de cambios estratégicos
significativos en las instituciones. Para CINDA (2019) esta educación debería ser
garante del acceso, permanencia y egreso de los estudiantes que forman parte de
los grupos históricamente segregados por su condición de vulnerabilidad social,
pobreza, identidad de género, orientación sexual, condición de inmigrantes o
situación de discapacidad.
Por su parte, Constantino (2017) expresó que la “educación inclusiva
influye en la formación de las personas sin discapacidad al ayudar a inculcar
valores como la solidaridad y la inclusión” (p. 112), que aportan a la
construcción de una sociedad más inclusiva, formada por individuos con y sin
discapacidad. La concepción de educación inclusiva que asume esta
investigación, es una que comprende tanto el reconocimiento de la diversidad
sin diferencias ni discriminación, así como la garantía de la integración de
los estudiantes con diversidad funcional (EDF) a la educación, en condiciones
de igualdad. Esto implica, además, el beneficio de la convivencia con los
estudiantes sin diversidad funcional para la generación de valores en la ruta
de construcción hacia una sociedad más integradora.
Políticas
educativas inclusivas
Los tratados internacionales describen la educación de la siguiente
forma:
Un derecho que les corresponde a todas las personas, independientemente
de sus diferencias culturales, sociales, económicas, étnicas, religiosas, de
género, idioma, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. Toda
institución educativa debe brindar el servicio educativo para todas las
personas, sin ningún tipo de discriminación (Defensoría del Pueblo, 2019, p.
20).
Una de las premisas de la atención a la diversidad en la educación es el
deber de garantizar el derecho a la disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad de los procesos educativos en todas las etapas de
la vida
La educación inclusiva está vinculada con la educación en democracia,
que no excluye ni discrimina y es un derecho para todos. Desde este enfoque se
diseñan las políticas que parten del hecho de que “la educación inclusiva es un
modelo que implica que en toda aula el profesor respete la diferencia, las
necesidades y los retos de cada uno de sus estudiantes, y que los prepare para
la vida” (Mayo, 2015, p. 9).
Políticas
educativas inclusivas en educación superior
Con la creciente movilidad social y la revolución tecnológica, el modelo
de universidad elitista y selectiva ha quedado atrás. Se han abierto las
puertas a estudiantes provenientes de diversas realidades, que se movilizan
gracias al acceso a la información y a las ventajas de la vida globalizada, y
que han cambiado el perfil del estudiante universitario de décadas pasadas para
ser hoy más heterogéneos. En las últimas décadas las instituciones de educación
superior se han visto en la necesidad de asumir dicha heterogeneidad mediante
políticas inclusivas que requieren la elaboración de estudios diagnósticos de
la realidad y sus contextos, presupuestos suficientes, docentes capacitados
para la inclusión, infraestructuras adecuadas y una planificación estratégica
que pueda responder a las necesidades del día a día.
Una de las demandas sociales de mayor presión para los Estados es la
relacionada con los derechos en la educación, porque “son una herramienta para
el desarrollo de los pueblos” (Avendaño, 2017, p. 3). Recientemente se han
incrementado las manifestaciones públicas en toda la región latinoamericana que
exigen a los gobiernos la creación e “implementación de políticas educativas
para la educación superior que hagan” (p. 3) efectivo ese derecho. Las
políticas públicas son un mecanismo de participación ciudadana; desde la
sociedad civil, representada por el Estado, se generan las propuestas para el
conjunto de la sociedad en general. En palabras de Avendaño (2017):
La base de la construcción y diseño de las políticas públicas deberían
ser las necesidades, intereses y requerimientos de la sociedad civil y de los
grupos o sectores que la componen, especialmente lo que se encuentran en
desventaja, inequidad o pobreza. (p. 5)
CINDA (2019), en lo que se refiere al diseño de políticas inclusivas en
la educación superior, recomienda establecer objetivos generales en periodos
temporales posibles de controlar, a partir de los cuales se puedan generar
objetivos específicos, indicadores de resultados y balances de impacto. También
indica que estos deberían guardar correspondencia con la misión institucional y
con la normativa nacional e internacional vigente. Las políticas, según el
mismo documento, deben contar con presupuesto suficiente para su continuidad en
el tiempo, disponer de recursos técnicos (personal, equipos e infraestructura)
y económicos para su implementación y mantenimiento, ser flexibles y adaptables
a los cambios posibles en el tiempo, y deben poderse evaluar en su impacto (CINDA,
2019). Así mismo, el Centro Interuniversitario de Desarrollo, plantea que se
debe considerar la importancia de la realización de un diagnóstico previo al
diseño de una política de inclusión, el reconocimiento de las fortalezas y
debilidades de la institución respecto al tema, su particularidad, la misión y
visión sobre la que se desarrollan sus acciones y el modelo educativo, con la
idea de formar una cultura inclusiva que perdure.
De acuerdo con Gómez y García (2017) la educación superior inclusiva es
un fenómeno social que hace posible la interacción entre sujetos que se
caracterizan por ser diferentes. Los autores plantearon que los sistemas
educativos deben desarrollar propuestas que atiendan a esa diversidad en
espacios formativos, en aras de lograr la participación plena de las personas
en todas las dimensiones de la vida humana, a partir de una educación de
calidad, sin discriminación, con la que se resuelvan las dificultades de acceso
y se aliente la cohesión social.
En esa línea, el CINDA (2019) ha indicado que las instituciones de
educación superior son de los pocos espacios que generan el encuentro en la
diferencia entre personas de orígenes, culturas y trayectorias diversas, que
unidas por el interés de su desarrollo académico pueden construir redes y
superar las barreras sociales que en la actualidad moldean a la sociedad. La
implementación de las políticas inclusivas es un proceso de adecuación
progresiva que debe considerar las realidades particulares de cada institución
y conocer sus fortalezas y debilidades en cuanto a la inclusión.
El compromiso de garantizar la igualdad de oportunidades para la
educación de personas tradicionalmente excluidas, como las PDF o los grupos
segregados por género, multiculturalidad o diversidad sexual, demanda a las
“instituciones de educación superior proporcionar contextos de equidad” (CINDA,
2019), en los que los estudiantes puedan participar de la vida académica y
universitaria según sus intereses y en igualdad de condiciones para todos en un
espacio de sana convivencia. La garantía de igualdad de oportunidades puede
cuestionarse con base en las ideas filosóficas de Derrida (2008) y su idea de
hospitalidad incondicional.
Respecto a las políticas educativas inclusivas se debe considerar la no
condicionalidad en el proceso de inclusión del diferente y la no configuración
de un mundo a la medida de la norma social a la que los discapacitados deban
adecuarse. La importancia de esta reflexión reside en el peligro de caer en
procesos de hospitalidad que lejos de ofrecer espacios para desarrollar la voz
diversa, se conviertan en oportunidades para establecer más barreras. Según el
autor de esta forma se crea la posibilidad de hospedar la diversidad en las
instituciones educativas sin proponer un cambio, por lo cual los conceptos
siguen moldeándose en la normalidad.
Política institucional universitaria para personas con
diversidad funcional
Las políticas institucionales se relacionan con la cultura
organizacional y son el resultado de la toma de decisiones sobre qué se debe
explicitar, cuáles de estas políticas son de carácter público y cuáles son
restrictivas, etc.
Según Mancebo (2001) “se entiende por política educativa a un conjunto
de líneas de acción diseñadas, decididas y efectivamente seguidas por la
autoridad educativa en el ámbito de su competencia, integrando contenido y
proceso”. El contenido, de acuerdo con el autor, está conformado por una serie
de líneas de acción o inacción (que también pueden constituir una política)
orientadas normativamente por principios y valores. Estas se pueden
materializar en formato de leyes, reglamentos o resoluciones institucionales.
Las políticas institucionales educativas se diferencian por los principios que
orientan sus contenidos y por los niveles educativos a los que están
destinadas.
Implementación de políticas inclusivas
La fase de implementación de una política inicia después de que el
problema central que se pretende resolver ha sido identificado y analizado; y
luego de haber tomado la decisión de resolverlo o de participar en su solución.
Generalmente, la decisión es refrendada por una norma, pero entre la aprobación
de esta y la ejecución real hay un conjunto de procesos institucionales que
deberán efectivizarse de manera coordinada y sistemática. Se trata de la etapa
en la que deben generarse todas las condiciones necesarias para que esa
decisión se convierta en acciones o servicios concretos. Por eso, se dice que
existe una importante diferencia entre la fase de implementación y la fase de
ejecución de la política. La primera crea todas las condiciones técnicas,
materiales y financieras para hacer posible la segunda.
Esta investigación tiene como objeto de análisis el proceso de
implementación de la política institucional de inclusión para las PDF, es
decir, el proceso de generación de las condiciones para que los objetivos de la
política institucional se puedan cumplir. Para diversos autores (Muñoz, 2014;
Rodríguez y Ferreira, 2018; Navarro, 2016) el estudio de la implementación de
las políticas es decisivo para entender el funcionamiento y resultados de una
política, pero también es un proceso sobre el cual se sabe poco. Aguilar (2000)
aseguró que este desconocimiento obedece a la suposición ingenua de que luego
de que una entidad tome la decisión esta necesariamente será realizada con
éxito y se mantendrá el mismo espíritu e interés de los tomadores de decisión.
Adicionalmente, los investigadores empíricos identifican fallas en los
procesos de implementación de las políticas educativas inclusivas, en parte
porque ocupan el último lugar en la preocupación institucional. Por el
contrario, destacan el trabajo de las ONG, que suplen la labor del Estado
El CINDA (2019) considera necesario “diseñar políticas institucionales
sostenibles, y consistentes con una conceptualización de la inclusión” (p.
116), y, además, plantea como urgente revisar el proceso que permitirá
concretar estas decisiones institucionales. En el presente estudio, ante la
escaza literatura que se ocupa del tema en el ámbito universitario, se recurrió
a la referencia conceptual de la implementación en cuanto fase de la política
pública, que incluye principalmente la planificación institucional
universitaria, la organización, la financiación, la adecuación estructural y la
capacitación docente.
Participación de la comunidad educativa
La inclusión como tarea de la comunidad educativa implica la
participación de todos sus miembros, pues la inclusión es mucho más que la mera
incorporación de las personas en los ámbitos ya existentes. Se trata de crear
contextos nuevos que representen mejoras y beneficios generales; una tarea en
la cual es necesaria la participación de todos en la construcción de una
cultura de inclusión. Se han investigado diversas estrategias para la
identificación de buenas prácticas inclusivas en el personal directivo de una
comunidad educativa, así como para el diseño de intervenciones transversales
para la sensibilización y capacitación docente, estudiantil y administrativa
para el trato adecuado de las PDF (Tapia, 2016; Gairín
et al., 2015).
Una manera de lograr la participación de la comunidad educativa en la
construcción de una cultura inclusiva en la educación superior es generando
espacios de capacitación para el manejo de situaciones propias de la vida
estudiantil universitaria. Aguilar (2000) han detectado dificultades a nivel de
la planificación del proyecto docente desde los principios del diseño universal
(una metodología para todos) y una falta de estructuras de apoyo al estudiante
discapacitado en la prestación de servicios académicos y administrativos
adaptados.
Conclusiones
En el presente artículo se presentan los enfoques y conceptos que dan
marco conceptual a la investigación sobre políticas de educación inclusiva de
PDF en las universidades, así como las posibles relaciones que existen entre
ellos. En particular, se aborda, por un lado, el enfoque de inclusión social
para comprender la perspectiva de la diversidad funcional en relación con el
concepto de persona con discapacidad, la educación inclusiva y la política
inclusiva institucional.
Referencias
Aguilar, L. (2000). El estudio de
las Políticas Públicas. México: Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial.
Ainscow, M. (2019). Documento de
discusión preparado para el Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la
Educación «Todas y todos los estudiantes cuentan». Unesco. Recuperado de https://es.unesco.org/sites/default/files/2019-forum-inclusion-discussion-paper-es.pdf
Akel, S., Baloira,
K., y Bastos, J. (2013). ¿Qué es la inclusión social? La Inclusión Social como Derecho Humano. Recuperado
de
https://sites.google.com/site/g113141dhsocial/home/-que-es-la-inclusion-social
Constantino, R. (2017). Juntos y
revueltos: Evolución, justificación y debates de la educación inclusiva en el
derecho internacional de los derechos humanos. Anuario de Investigación del
CICAJ, 111-158. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/110985
Aparicio, M. (2009). Evolución de la
conceptualización de la discapacidad y de las condiciones de vida proyectadas
para las personas en esta situación. En M. Reyes y S. Conejero (Coordinadoras),
El largo camino hacia una educación inclusiva: la educación especial y social
del siglo XIX a nuestros días. Llevado a cabo en el XV Coloquio de Historia
de la Educación. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2962512
Asamblea General de las Naciones
Unidas. (2000). 55/2 Declaración del Milenio. Resolución aprobada por la
Asamblea General. Recuperado de https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
Avendaño, W., Paz, L., y Rueda, G.
(2017). Políticas públicas y educación superior: análisis conceptual del
contexto colombiano. Revista Venezolana de Gerencia, 22(79). doi: 10.37960/revista.v22i79.23034
Belzunegui, A., & Puig, X. (2016). El abandono de los estudios entre los
jóvenes con discapacidad. Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos
para la Sociología. Conferencia llevada a cabo en el XII Congreso Español
de Sociología, Gijón, España.
Brazão, W. (2005).
Pessoas com deficiência são sujeitos de direito e eu quero ter o direito de
conviver com eles em todos os espaços sociais: reflexão sobre a educação &
cultura. En A. Barbosa, Inclusões (pp. 131-151). Brasil: Rede SACI.
Centro Interuniversitario de
Desarrollo. (2019). Educación superior inclusiva. Cinda. Recuperado
de https://cinda.cl/publicacion/educacion-superior-inclusiva/
Congreso de la República de Chile.
(2010). Ley Nº 20.422 del 2010. Ley Sobre Igualdad
de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Santiago,
Chile: Congreso de la República de Chile.
Congreso de la República del Perú.
(2012). Ley N.° 27050 del 24 de diciembre de 2012.
Ley General de la persona con discapacidad. Lima, Perú. Congreso de la
República del Perú.
Defensoría del Pueblo. (2019). El
derecho a la educación inclusiva. Barreras en la implementación de los
servicios educativos públicos y privados para estudiantes con discapacidad y
con otras necesidades educativas. (Informe N° 183). Recuperado de https://www.defensoria.gob.pe/informes/informe-defensorial-no-183-el-derecho-a-la-educacion-inclusiva/
Delgado, L. (2009). Las políticas
públicas. El ciclo de las políticas públicas. Clases de políticas
públicas. Eficacia, legalidad y control. Indicadores de gestión. Recuperado
de https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/22880
Fajardo, M. (2017). La Educación
Superior Inclusiva en Algunos Países de Latinoamérica: Avances, Obstáculos y
Retos. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 11(1),
171-197. doi: 10.4067/S0718-73782017000100011
Gairín, J., Rodríguez-Gómez, D., y
Barrera-Corominas, A. (2015). Acceso, permanencia y éxito académico de
colectivos vulnerables en la Educación Superior. Universitat Autònoma de
Barcelona. Recuperado de https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2015/132954/accperexi_2015.pdf
Gómez, Y., y García, M. M. (2017).
Hacia una Educación Superior Inclusiva. ReiDoCrea,
6(24), 300-319. doi: 10.30827/Digibug.48554
Mancebo, M. (2001). La larga mancha
de una reforma exitosa: de la formulación a la implementación de políticas
educativas. En P. Narbondo y C. Ramos (Compiladores).
Uruguay: La reforma del Estado y las políticas públicas en la democracia
restaurada (1985-2000) (139-162). Montevideo, Uruguay: ICP-EBO.
Mayo, L., Cueto, S., y Arregui, P.
(2015). Políticas de inclusión educativa (Boletín N°
39). Consejo Nacional de Educación. Recuperado de https://www.cne.gob.pe/uploads/publicaciones/boletin/boletin-cne-opina-39.pdf
Muñoz, E. (2014). Estudio de la
implementación de política pública desde la perspectiva organizacional. El caso
del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria en el Estado de Zacatecas,
2005-2013 (Tesis de maestría). Recuperado de https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/351
Navarro, C. (2016). El estudio de las
políticas públicas. Revista Jurídica Universidad Autónoma De Madrid (17),
231-255. Recuperado de https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6100
Neves, A. y Araujo de Lima, C.
(2017). A historia da pessoa com deficiencia
e da educaçao especial em tempos de inclusao. Revista Interritórios,
3(5). Recuperado de https://periodicos.ufpe.br/revistas/interritorios/article/view/234432/27604
Organización Mundial de la Salud.
(2011). Resumen. Informe mundial sobre la discapacidad. Recuperado de https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf
Rodríguez, S., y Ferreira, M. (2010).
Diversidad funcional: Sobre lo normal y lo patológico en torno a la condición
social de la dis-capacidad. Cuadernos De
Relaciones Laborales, 28(1), 151-172. Recuperado de https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/33363
Rodríguez, S., y Ferreira, M. (2018).
Desde la dis-capacidad hacia la diversidad funcional.
Un ejercicio de Dis-Normalización. Revista
Internacional de Sociología (RIS), 68(2), 289-309. doi: 10.3989/ris.2008.05.22
Ruiz, M. (2014). El derecho a la
educación y la construcción de indicadores educativos con la participación de
las escuelas. Sinéctica, (43), 1-19. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1665-109X20140002&lng=es&nrm=iso
Sime, L. (2008). Pautas para el
análisis de documentos de organizaciones educativas [diapositivas de
PowerPoint].
Tapia, E., García, J., y Quintero, L.
(2016). Educación superior accesible para todos con un enfoque diferencial
frente a la diversidad. Revista nacional e internacional de educación
inclusiva, 9(1), 250-260. Recuperado de https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/84/81
UNESCO. (2008). La educación
inclusiva: el camino hacia el futuro. Conferencia Internacional de Educación, Ginebra, Suiza.
Williams, W. (1975). Implementation
Analysis and Assessment. Policy Analysis, 1(3), 531-566.