Introducción
“Estamos hartos de vivir momentos históricos”, leía este post en Twitter
a mediados de la cuarentena en Bolivia; justamente, un momento histórico es
aquel que pone en tela de juicio – y en algunos casos destruye- lo que la
población, en su mayoría, percibe como normalidad. Bolivia, desde el año
pasado, se vio sacudida con una crisis política y social que, de manera
general, terminó abriendo una grieta en la unidad e identidad nacional. Como si
la situación no fuera de por si delicada, toca enfrentarse – ahora como
población mundial- a un virus completamente nuevo y, por lo tanto, desconocido.
Efectivamente, resulta complejo y, visto desde el aspecto psicológico, hasta
traumático tener que enfrentarse con lo que se tiene (porque países como la
Argentina no contaba con Ministerio de Salud hasta inicios del 2020) y, a su
vez, tener que despedirse de seres queridos y de la vida previa a la pandemia.
La pandemia del Covid–19, además de revelar el precario sistema de salud
de muchos países, ha dejado al descubierto las verdaderas prioridades e
intenciones de ciertos gobiernos. El caso boliviano no es la excepción. El
gobierno “transitorio” no ha hecho más que acumular fracasos frente a la
pandemia: dos cambios de ministros de salud, pugnas entre el gobierno central y
los servicios departamentales de salud, escándalos de corrupción y, sobre todo,
un nivel bajo, e inclusive casi nulo, de compresión y empatía con el pueblo
boliviano. Actualmente Bolivia, como muchos otros países, se encuentra en la
fase de cuarentena flexible, es decir, las actividades laborales tanto públicas
como privadas son permitidas bajo medidas de bioseguridad. Esta nueva etapa no
quiere decir que el país haya alcanzado su nivel máximo de contagios, sino que
responde a la necesidad económica de muchas familias que viven al día.
La adopción de medidas para la “nueva normalidad” sirve para evidenciar
las brechas que existen entre los países que pueden permitirse un retorno a
clases y quienes tienen que seguir con clases virtuales o, en muchos casos, no
pueden continuar con sus estudios por la falta de recursos para acceder a los
mismos. De la misma manera, existen países donde no se ha tenido que recurrir a
la policía para controlar el cumplimiento de la cuarentena o participar en los
rastrillajes en busca de casos; mientras, en Bolivia, miembros de la Fuerza
Especial de Lucha Contra la Violencia han interrumpido sus labores para prestar
servicios durante la pandemia. Sin embargo, los feminicidios e infanticidios no
se han detenido -mucho menos disminuido- durante la cuarentena. El escenario
boliviano actual, oscila entre el aumento de casos de Covid-19, la disminución
de recursos para tratarlos, la violencia en razón de género en los hogares y la
incertidumbre para muchos estudiantes de colegios públicos.
Entre
la utopía y la realidad del sistema educativo boliviano
Desde los conflictos sociales y la posterior crisis política, la
población boliviana estaba enfocada en tratar de recuperarse económicamente,
mientras que los estudiantes estaban repasando – y en algunos casos aprendiendo
- el contenido que no pudo llevarse en la gestión escolar pasada.
El 12 de marzo del presente año, dos días después de registrarse los
primeros casos de Covid-19 en el país, se suspendieron las labores educativas
en todos los niveles y en todo el territorio. De manera abrupta, los estudiantes
dejaron de asistir a las escuelas y muchos dejaron de recibir clases en su
totalidad. El problema más grande es la falta de acceso a internet y a
dispositivos como computadoras y celulares inteligentes. Para ser más
específicos, Bolivia tiene el internet más caro de América Latina, pagando 8,51
dólares por cada gigabyte consumido, mientras que en Perú un gigabyte cuesta
2,48 dólares (Los Tiempos, 2020).
Asimismo, los colegios fiscales no cuentan con plataformas en línea para
impartir clases y, mucho menos, sus estudiantes cuentan con las herramientas
para acceder a las mismas. En otras palabras, la educación ha entrado a la fase
de la ley de la selva: ¡Sálvese quien pueda!
Víctor Hugo Cárdenas, el actual ministro de educación, es el responsable
de dar respuesta a esta crisis que cada vez se hace más insostenible no solo
por los estudiantes, sino también por el magisterio, quien ha estado sumando
despidos injustificados durante la pandemia. Mostrando la verdadera cara de
este gobierno de “transición”, Cárdenas habría desatendido los reiterados
pedidos de los estudiantes que exigían alternativas a la modalidad virtual y
los de padres de familia y profesores que pedían internet gratuito y clases
semipresenciales. El ministro sostiene que se utiliza la pobreza como bastión
ideológico para rechazar la educación virtual (Sánchez, 2020). Sigue la línea
del resto del gabinete del gobierno de Jeanine Añez, quien politizó la
educación de más de 2 millones de niños, niñas y jóvenes y culpó al ex gobierno
de Morales, desligándose así de cualquier tipo de crisis actual en el sistema
educativo.
A lo largo de la pandemia ha salido a la luz más de un testimonio de
familias que cuentan con un sólo celular inteligente y con numerosos hijos,
debiendo hacer turnos estrictos para poder ver los videos educativos enviados
por sus profesores y enviar las tareas que los mismos les dan; en el área rural
el escenario es mucho más complejo. Previo a la pandemia, los estudiantes
debían caminar kilómetros para llegar a sus centros educativos; ahora, son los
maestros los que deben recorrer varios kilómetros al día para poder llegar
hasta sus alumnos, ya que desde el principio la educación virtual fue declarada
una alternativa inaccesible.
Resultan aún más preocupantes las declaraciones de las autoridades, que
romantizan las condiciones precarias en las que maestros imparten clases. Los
llaman héroes, devotos de la patria, pero no hacen más por ellos; mismo
accionar se evidencia con el trato hacia el personal de salud, quienes en
primera fila reciben trajes de jardinería para hacer frente a la pandemia.
Las y los estudiantes, de cualquier nivel, no deberían siquiera pensar
en abandonar su educación a causa de la pobre respuesta del gobierno. En
Bolivia, la educación es un derecho y el ministro, al ignorar los pedidos de
los estudiantes y los padres, está negando este derecho.
La pandemia ha golpeado a todos y a cada uno de los rincones de la
sociedad; está claro que traerá cambios y nuevos problemas en todo el mundo,
pero en Bolivia la pandemia trae consigo insostenibilidad. Si hasta antes de la
presencia del Covid -19 era un desafío para muchas familias enviar a sus hijos
a la escuela, ahora el escenario es mucho más oscuro. Por lo tanto, no es
sorpresa que los padres de familia y el magisterio hayan decidido salir a las
calles a pedir una solución – entre las opciones se encuentra la destitución de
Víctor Hugo Cárdenas–. No, no son inconscientes ni tratan de atentar contra la
salud del resto de los bolivianos; tampoco tienen porqué ser personas pagadas
por Evo Morales. Son, en realidad, personas que exigen el derecho de ejercer su
profesión en condiciones dignas y padres de familia que guardan en sus hijos e
hijas la esperanza de un mejor futuro.
Resulta evidente – no sólo con las declaraciones del Ministro de
Educación- que esta gestión pública ha optado por hacer campaña con el virus;
al gobierno no le interesa su población – infectada o no – y, resulta más
evidente aún que ni las propias autoridades nacionales creen su propio
discurso, al sostener que el Coronavirus no distingue entre clases sociales.
Pues claro que lo hace, porque están quienes pueden pagarse el tratamiento en
un hospital privado, quienes disponen de internet ilimitado para acceder a sus
clases virtuales y, además, pueden realizar compras de alimentos, de medios de
entretenimiento, de material deportivo y hacer todo mediante pagos digitales;
mientras, hay quienes deben salir a las calles para trabajar, para poder
comprar datos y cumplir con la tarea y, aún más, para poder comprar algo de
comer, porque duele más el hambre que el virus. Esta situación se ha visto, en
algunas zonas de la ciudad de El Alto, donde comerciantes salieron a instalar
sus puestos de venta a pesar de las restricciones, afirmando que sus ingresos
son diarios y un día sin trabajar representa un día sin comer (Tapia, 2020).
Mujeres
y Pandemia
Por otro lado, ser mujer en Bolivia es una condición de alto riesgo, más
aún si muchas mujeres vivencian mayores opresiones, discriminaciones y
vulneraciones que otras. Porque los sucesos nos impactan de diferente manera,
desde nuestras identidades y condiciones de género, clase, origen étnico y
cultural, preferencia sexual, entre otras diferencias. En el país, es frecuente
que las mujeres indígenas, originarias, campesinas y afro descendientes sean
las que mayor impacto reciban de las normas dictadas durante este confinamiento
o bien desde las decisiones tomadas en la crisis política que pasamos.
En general y en todo el mundo, las mujeres ganan considerablemente menos
que los hombres. ONU Mujeres (2020) afirma que, “en el mundo, las mujeres solo
ganan 77 centavos por cada dólar que gana un hombre. La brecha se incrementa
aún más cuando la mujer tiene hijos o hijas”. En Bolivia esa no es la excepción,
es la realidad; a pesar de los esfuerzos mundiales para poner a la población
femenina en situación de igualdad. En la actualidad, una mayoría de las mujeres
trabajan del comercio informal, de la compra y venta.
Según el informe de la Unidad de Postgrado de la Universidad Mayor de
San Andrés (2014), el mercado de trabajo boliviano es precario para hombres y
mujeres, pero la situación de las mujeres es peor, pues están mayormente en los
trabajos menos formales y más precarios. Por ejemplo, el 45% del total de los
hombres ocupados son asalariados, mientras que solo el 32.2% de las mujeres lo
es. Pese a varios cambios que ocurrieron los últimos 20 años, alrededor del 67%
de las mujeres genera sus propias fuentes de trabajo; en ese mismo porcentaje
están en establecimientos de menos de 5 trabajadores, 60% están en el sector de
servicios y comercio, 88% no están inscritas en un sistema de jubilación y solo
un 15% recibió aguinaldo alguna vez en su vida.
Muchas venden sus servicios y una mayoría vive al día con aquello que
puede generar como ingresos. Son pocas las que cuentan con un salario fijo
mensual. Las brechas existentes entre los ingresos de hombres y mujeres, ahora
con el confinamiento obligatorio, la escasa o nula oportunidad de compra de
mercadería y su venta, así como los empleos precarios y los despidos que se han
venido produciendo, van a profundizar aún más la diferencia en la generación de
ingresos entre hombres y mujeres (Banco Mundial, 2020) Pero no solamente entre
ellos hay una diferencia, también entre mujeres. Aquellas que se permiten una
mejor o peor cuarentena son las trabajadoras del hogar, frente a sus
empleadoras. Y es el que trabajo doméstico, o trabajo no remunerado de los
cuidados, en pandemia se ha desvelado como una carga difícil de seguir
manteniendo. Es todavía muy lejana la posibilidad de que las mujeres puedan
convencer al hombre de la casa de realizar tareas específicas dentro del hogar.
Este no es un dato menor. A mayor tiempo ocupado en las tareas del hogar, menor
tiempo para el ocio y la formación. Por lo tanto, mayor dependencia económica
del jefe o hombre del hogar. Las investigaciones en el Uruguay con Karina
Batthyani así lo confirman (Batthyani, 2007). Queda mejorar la
corresponsabilidad en el hogar para mejorar los índices de violencia contra las
mujeres.
Bolivia, según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019), es el único país en América
Latina que, hasta la fecha, sólo ha realizado dos pruebas piloto de la Encuesta
exclusiva Uso del Tiempo. Ahora bien, esta encuesta permite medir el uso del
tiempo entre hombres y mujeres y, así, cruzar el tiempo que tanto hombres como
mujeres se dedican a las actividades de cuidado. Con esta encuesta, el Estado
podrá designar un monto bajo las cuentas nacionales que asignen un valor
económico al trabajo del hogar. Reconocer este valor a nivel nacional será un
avance importante para la corresponsabilidad de las tareas del hogar. Son dos
artículos de la Constitución Política del Estado (Asamblea Legislativa
Plurinacional, 2009) las que soportan esta tarea. Artículo 64. I. Los cónyuges
o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y
mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la
educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o
tengan alguna discapacidad. II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean
responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones y el Artículo
338. El Estado reconocerá el valor económico del trabajo del hogar como fuente
de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas.
La carga de cuidado en las mujeres se ha incrementado considerablemente
también con el cierre de escuelas o centros educativos. Son ellas quienes deben
acompañar a los hijos e hijas en las sesiones de video educativas, si es que
pueden acceder a ellas. En su mayoría, deben darse modos para entrenar y
mejorar las habilidades de aprendizaje de sus hijos e hijas. Según la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), se han incrementado,
casi exclusivamente a las tareas del cuidado, las labores de las mujeres.
De ahí que también se ha afirmado que, durante la cuarentena, la
violencia contra las mujeres ha aumentado. ¿Será posible afirmar lo anterior,
aun cuando no tenemos estadística básica para comparar? Sin embargo, hay
evidencia de lo anterior en la vida cotidiana de las mujeres. Junto a los
esfuerzos del gobierno por controlar la crisis sanitaria, también se dan
ensayos para enfrentar la generación de empleos sostenibles. Muchas iniciativas
de negocios y muchos emprendimientos han cerrado, poniendo en riesgo la
subsistencia diaria de las familias. Tener a los hombres encerrados con su
familia en una cuarentena que no termina, es un factor de estrés que suele
terminar en increpaciones y reproches y la mayoría de las veces en violencia.
Según la Fiscalía General del Estado, la violencia extrema en Bolivia, es decir
feminicidios, ha llegado a 54 a nivel nacional a junio (2020). Es un hecho que
mujeres adultas, jóvenes y niñas enfrentan una serie de riesgos durante este
tiempo de emergencia. Los abusos y ataques sexuales contra niñas se agudizan en
crisis. Pareciera ser que la depredación sexual es sinónimo de hábito en
tiempos de crisis o de guerra. Así lo afirmaban las Naciones Unidas en el año
2015; en conflictos mundiales, ejércitos y grupos armados apelan a la violencia
sexual como una táctica de guerra con secuelas devastadoras. (ONU, 2015) Es una
táctica lamentablemente ya conocida por el feminismo.
Ahora bien, ¿la pandemia y la crisis política han detenido la realidad
de las mujeres? Pues no, ellas siguen necesitando mayor información para tomar
las decisiones en cuanto a las acciones que giran alrededor de ellas. Por
ejemplo, es imposible pensar en la independencia y autonomía de las mujeres en
contextos donde ellas están poco o casi nada informadas sobre la sexualidad y
la reproducción. Las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes también se ven
afectadas por el desconocimiento de su capacidad reproductiva, el funcionamiento
de la sexualidad y, por lo tanto, ante el abuso sexual suelen “cargar” con los
productos biológicos del ilícito: los embarazos no deseados.
Si bien contamos con normativa de avanzada en materia de Interrupción
Legal del Embarazo, cabe preguntarnos, ¿Ante el convulsionado y apretado
escenario de la crisis sanitaria, tendrán tiempo, equipamiento e
infraestructura en los centros médicos para ocuparse de la Interrupción Legal
del Embarazo? Pues es compleja la situación, y la inacción estatal frente a este
delito lo único que hace es profundizar la desigualdad y la injusticia contra
las mujeres en el país.
Las tensiones propias de la incertidumbre cotidiana y la dificultad para
la generación de ingresos incrementan la tensión entre las familias, produciéndose
así la violencia al interior de los hogares. De esta manera, niños, niñas y
mujeres viven las consecuencias del autoritarismo, la persecución política de
sus compañeros, amigos, parientes e incluso esposos, las amenazas diarias, así
como la imposibilidad de generar ingresos de forma sostenible y segura.
Finalmente, las mujeres resienten con mayor fuerza la tensión emocional ante la
sospecha de estar contagiadas con el virus, la estabilidad y permanencia de sus
compañeros y de ellas mismas en la vida de sus hijos e hijas y, por lo tanto,
en la reproducción material de la vida. Esta puede ser la mayor consecuencia de
la pandemia, el mayor impacto: la tristeza y angustia cotidiana de la mujer que
engendró vida, pero que no puede asegurar el mantenimiento de la misma.
Pero toda esta situación es más que conocida. Lo que necesitamos de los
estados modernos es que los mismos puedan ser capaces de garantizar, por lo
menos, condiciones mínimas y dignas de atención, sanción y persecución ante la
violencia; o bien sea capaz de proveer las condiciones necesarias a las mujeres
para su sobrevivencia y la reproducción de la vida. Pero no es así.
Recientemente conocimos por la Defensoría del Pueblo (2020), que la Fuerza
Especial de Lucha contra la Violencia FELCV, dependiente de la Policía
Boliviana, se viene negando de forma recurrente, sostenida más no pública, a
atender las denuncias de violencia. Esto debido a la carga que sus efectivos
han venido recibiendo con las consecuencias de la persecución y el control del
estado hacia cualquier persona que transgreda las normas impuestas,
inicialmente para la cuarentena, posteriormente para la persecución y sanción
política de los opositores. Cuanto más ocupado esté el operador de la FELCV en
otras labores que no son propias de la violencia contra las mujeres, menos
podrá ocuparse de prevenir y sancionar el delito.
Muy poco o nada se puede esperar del Estado. Sólo queda exigir los
derechos que tenemos conculcados por un aparato amplio de décadas en normativas
y tratados internacionales y nacionales. Sólo queda denunciar los abusos. Y la
solución quizás se encuentre en la permanente tensión que ha existido entre los
derechos colectivos y los individuales. Esta tensión, por un lado, es nuestra
garantía de exigencia en lo colectivo, pero, por otro lado, si no nos
apropiamos individualmente del conocimiento y nuestros derechos, seguiremos en
el dilema en el que nos encontramos: ciudadanía sin derechos y sin Estado que
los garantice. De ahí que debemos internalizar e individualizar nuestros
derechos y nuestras conquistas (Choque y Mendizábal, 2010).
Al fin y al cabo, tuvo que llegar una pandemia a Bolivia para mostrar al
gobierno las epidemias dentro de la pandemia, como el estado en el que se
encuentra el sistema educativo y la lucha contra la violencia de género y
feminicidios. El problema no es reciente, tampoco la solución puede darse en un
corto periodo de tiempo, pero ¿Qué ocurre cuando las autoridades responsables
de establecer políticas públicas, no lo hacen?
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